Migración de Costa Rica y la Fuerza Pública, lograron la desarticulación de una presunta organización criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual, donde las víctimas eran mujeres de diferentes nacionalidades entre ellas panameñas.
Este domingo la Policía Profesional de Migración del país vecino, bajo la dirección funcional de la Fiscalía de La Fortuna de San Carlos, desarticuló esta presunta organización criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual, realizando diez allanamientos en diferentes sectores de San José, Cartago, Guanacaste y Alajuela en Costa Rica.
Durante los operativos fueron detenidas diez personas de apellidos Chavarría Sevilla (madre e hijo, uno de ellos líder), Sánchez Pérez (líder), Mejía Vega, Cruz Isaguirres, Santamaría Caballero, Eguigure Toruño, Chavarría, Zeledón Chavarría, Altamirano Ampie, estas personas eran de nacionalidades costarricenses, nicaragüenses, dominicanos y panameños, todos investigados por el delito de trata de personas.
La investigación inició para el año 2019, la Policía Profesional de Migración, indicaba el delito de Trata de Personas; a partir de ese momento se iniciaron las diligencias policiales, logrando comprobar que existía una presunta organización criminal conformada por colaboradores de diferentes nacionalidades entre ellos panameños encargados de administrar diferentes establecimientos comerciales utilizados para la explotación sexual de mujeres.
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Alto nivel económico
Estas personas, mediante anuncios en periódicos locales, redes sociales captaban a sus víctimas mujeres costarricenses, panameñas, nicaragüenses, mexicanas, dominicanas y colombianas que se encontraban en una condición de vulnerabilidad, donde se aprovechaban ofreciéndoles ofertas laborales a cambio de altas sumas de dinero.
Esta red criminal contaba con un alto nivel económico, quienes a pesar de la pandemia por el COVID-19, se organizaron para seguir operando de forma clandestina en los locales comerciales, aún con las restricciones establecidas por el Ministerio de Salud.
La Policia de Migración logró demostrar que esta red criminal trasladaba a las víctimas entre los nueves establecimientos que mantenían en todo el país, con la estructura adecuada para que brindaran el servicio sexual, cobrando por la actividad desde 30.00 balboas hasta 800.00 balboas de acuerdo al perfil y solicitud del cliente, que consistía en trasladar a la víctima al lugar solicitado.
Asimismo, la organización sometía a las víctimas a permanecer en los establecimientos bajo diferentes medios de coacción y amenaza, se les impedía salir de los lugares sin previa autorización y en ocasiones eran obligadas a consumir drogas.
Los ahora imputados serán presentados en los Tribunales de Justicia de San Carlos y enfrentarán cargos por el delito de Trata de Personas, donde el código Penal de Costa Rica, establece pena de prisión de ocho a dieciséis años con los agravantes relacionados.
